Avances y
retrocesos en el proceso de Municipalización.
Por Eugenia Tommasi, del espacio de Derechos Humanos de Patria Grande Mar del Plata.
Podemos analizar la violencia urbana desde diversos planos. Así,
bien podemos analizarla a partir de la política exterior o a partir de la
política interna del Estado. En el primer eje, cabe prestar especial atención a
cómo se configura el colonialismo del Siglo XXI, que ha sofisticado diversos
mecanismos de instalación de violencia en los territorios de la periferia
urbana, mientras que en el segundo, es necesario problematizar la capacidad del
sistema democrático para abordarla. En este plano, y en los últimos años, hemos
visto que lo principal de muchos políticos han sido las políticas de seguridad
a partir del control y la violencia.
A nivel nacional, a pesar de las varias medidas progresivas que se
pueden marcar en materia social,
cultural y económica promovidas por el kirchnerismo, en materia de gestión de
la Seguridad primaron los enfoques policialistas y de la demagogia punitiva. Y
los intentos transformadores en esta materia, como algunas iniciativas de la
gestión de Nilda Garré o la reciente disolución de la SIDE, siguen chocándose
con la necesidad de dar respuestas cuando el problema explota.
En el plano local, hace tiempo que nos
atraviesa un intento de municipalización del planeamiento y la dirección de la
política securitaria. Con ese marco, y tras una seguidilla de hechos de sangre,
en las últimas semanas se produjeron modificaciones en esa materia, a punto tal
que podemos decir que la Secretaría de Seguridad del Municipio sufrió la
intervención por parte de Scioli.
Sin negar que el ejecutivo local ha tomado medidas que intentan,
por lo menos desde lo discursivo, democratizar el sistema de seguridad pública,
esa intencionalidad ha tenido fuertes decaídas fruto de la “urgencia” por dar
respuestas “inmediatas” al problema de la “inseguridad”. Retrocesos que se dan
cuando los hechos violentos hegemonizan el debate público, y cuando se responde
con medidas que, lejos de tender a democratizar, son de tinte netamente
policialista, de alto impacto mediático. En ese círculo vicioso, no queda muy
en claro si las políticas adoptadas en materia de seguridad son la causa o la
consecuencia de los hechos de violencia.
En el comienzo del año electoral, las políticas de seguridad se
han concentrado en ampliar el sistema represivo policial. Nuestra ciudad fue
centro del gran “Operativo Sol”, que contó con 8.020 policías para tareas
preventivas, móviles, puestos de control motorizados y destacamentos móviles,
motocicletas, cuatriciclos y vehículos todo terreno. Además de helicópteros,
100 patrullas y 2 centros de operaciones tácticas. Previamente, en la ciudad se
ya había sido lanzado el Comando de Prevención Comunitaria (CPC) con una
importante cantidad de patrulleros y personal policial, y se instalaron
aproximadamente 1300 cámaras, con un Centro de Monitoreo cuyo tamaño y
capacidades envidiarían cualquier otra dependencia municipal.
Y se continúa con la política de, ante casos que adquieren
trascendencia, tomar nuevas decisiones en esta materia. Nuevas, pero siempre
similares. A varios homicidios un mismo fin de semana, ocurridos por distintos
móviles, una única respuesta: 100 agentes más, más patrulleros, 20 motos y un
helicóptero para patrullaje aéreo.
Esto demuestra que la ecuación que hacen tanto el Gobierno Local
como el Provincial es muy simple: a más hechos violentos, más Policía. No
compartimos estos enfoques policialistas, y creemos, además, que si se necesita
algo es OTRA Policía.
Decimos que queremos OTRA policía por los hechos y datos, antiguos
y recientes, que dan cuenta de los altos niveles de violencia policial. Al
primer trimestre del 2015 hubo un efectivo policial imputado de homicidio en
ejercicio de sus funciones, dos efectivos del CPC denunciados por abuso sexual,
un efectivo de la misma fuerza denunciado por homicidio en tentativa y
vejaciones, y otro vinculado al tráfico de estupefacientes. Por otro lado, 6
policías están imputados en la causa por las licencias truchas y la Justicia
condenó a la que fuera cúpula de la Comisaría 4ta por el armado de causas.
En nuestra ciudad, en los primeros tres meses de 2015, ocurrieron
28 de los hechos violentos más graves, homicidios. De ese total, según informó
el Director del Centro de Análisis Estratégico del Delito a medios locales, 5
fueron en ocasión de robo, 5 por razones sin determinar, 13 por conflictos
personales, 1 por problema vecinal, 2 por violencia familiar y 2 por violencia
institucional de las Fuerzas de Seguridad.
Sin negar la gravedad del número total de homicidios, y lo que
cada uno de ellos representa en los familiares y amigos de las víctimas, no
podemos decir que se hayan debido a lo que comúnmente se llama “inseguridad”,
que se relaciona con los delitos contra la propiedad, y encabeza el ranking de
preocupaciones de la sociedad.
La conclusión a la que se llega con esos números es que la
conflictividad más preocupante, y que nos debe ocupar, es la social, la que
lleva a que los jóvenes se maten en sus barrios o adentro de sus casas, y que
dio lugar a, por lo menos, 18 de los homicidios ocurridos en el año (64,5% del
total).
Llegamos a un punto en el cual, a pesar de la saturación de
policías que registra nuestra ciudad, las violencias sociales aumentaron,
siendo nula la capacidad, tanto del gobierno local como provincial, para
generar mecanismos y herramientas que permitan romper los círculos de
violencia. Las políticas de seguridad que se han implementado son claramente
regresivas, y que demuestran su fracaso al no disminuir los hechos delictivos y
aumentar considerablemente las prácticas violatorias de derechos humanos,
principalmente desde la declaración de la “emergencia en seguridad” de Scioli.
Por eso, vemos con preocupación que todas las fuerzas del Concejo Deliberante
hayan solicitado la continuidad de tal declaración.
Requerimientos como ese hacen responsables a todos los bloques
políticos del aumento de violencia que se podría generar, ya que se demostró
que con esa declaración la letalidad de la policía bonaerense se duplicó: en el
año 2005, había 1 muerte cada 15 enfrentamientos y hoy son 2 cada 10, según
datos del Centro de Estudios Legales y Sociales. También nos preocupa, y
consideramos un retroceso, la designación de Rodolfo Iriart como Secretario de
Seguridad. Esta designación, con línea directa al (y del) Gobernador Scioli, no
va a hacer otra cosa que profundizar las políticas regresivas que en estos años
se impulsaron desde la Provincia en esta materia, y contrariar los dificultosos
y lentos pasos progresivos dados por el Estado Municipal.
En ese sentido, y con relación a la policía local, entendemos que
si hubiesen voluntad política y políticas de largo y mediano plazo el Ejecutivo
Local podría despegarse de la línea que mandan Scioli y Granados, y avanzar en
la construcción de una fuerza de seguridad democrática que hasta ahora no
aparenta ser más que una descentralización de la Bonaerense. Por caso,
recientemente trascendió una denuncia sobre abusos que un aspirante a policía
sufrió en la Escuela de Formación, lo cual muestra la urgencia de convocar a
crear el Órgano de Contralor Externo de la fuerza que la Ley impone. Si se
quiere promover una gestión democrática de la seguridad este órgano es de vital
importancia, y debe ampliarse su participación para que no sea un órgano de control
meramente formal sino real.
Cuando decimos que se necesita otra
política hay que prestar especial atención al proceso de formación policial.
Está demostrado que el estado policial permanente pone en situación de riesgo
no solo a los civiles sino también a los propios policías, y entendiendo que la
mejor fuerza que se puede crear es aquella que pueda dialogar y resolver
conflictos con la palabra, nos parece fundamental que el primer acercamiento de
la policía local con la sociedad no sea armada. Es importante que las y los
agentes conozcan los barrios marplatenses y batanenses, y se formen en ese
proceso de conocimiento no con el arma de fuego, sino ejercitando el dialogo,
lo cual se presenta como la mejor forma de disminuir la violencia y reducir a lo
mínimo e indispensable el uso de la fuerza.
Se cumplieron 12 meses desde la
declaración de emergencia en seguridad, y desde Patria Grande tenemos más
cuestionamientos a los enfoques de esa materia que hace un año, y proponemos
avanzar en la construcción de una gestión no violenta de la seguridad, que
parta del apuntalamiento de los lazos sociales y de garantizar Justicia Social
en y para los barrios vulnerables. Ese es el piso para comenzar a disminuir los
niveles de violencia que tanto preocupan como Sociedad.
